LA DEMOCRACIA INTERNA EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES

1.- Delegación en moldes democráticos

La larga marcha hacia la democratización de la Argentina y de sus provincias -en su doble dimensión estatal y social- tiene aspectos poco explorados. Tal es el caso de la vida interna de los colegios profesionales, de los sindicatos con personería gremial y de otras organizaciones sociales que -de un modo u otro- detentan competencias delegadas por el Estado.

Por lo que en concreto se refiere a la democratización de los Colegios Profesionales hay que decir que se trata de un asunto de singular relevancia en tanto y en cuanto es el propio Estado quién delega competencias de naturaleza pública en este tipo de entes corporativos. Entes que, como es sabido, regulan el acceso al ejercicio profesional y poseen la capacidad de sancionar a los colegiados, de imponer cuotas y contribuciones, y de dictar reglas deontológicas y sobre honorarios.

2.- Afiliación obligatoria y competencia provincial

A estas alturas de la evolución doctrinaria y jurisprudencial son muy pocos los que ponen en duda la figura de la afiliación obligatoria de todos aquellos titulados que desean ejercer las profesiones llamadas liberales para las que han sido habilitados en virtud de las leyes nacionales de educación terciaria y superior.

Así lo ha recordado recientemente la SCJN en el caso del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Salta, al momento de pronunciarse acerca de la competencia de las provincias para regular de las actividades profesionales (caso “Cavallo Álvarez, Sandra E. c/ s/Acción Meramente Declarativa de Derecho”, fallo dictado el 14 de marzo de 2018).

3.- Los colegios profesionales y la democracia interna

Pero el caso que da origen a esta nota es el referido a la falta de efectiva vigencia de la democracia interna en el seno del Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos Relacionados con la Construcción en la Provincia de Salta (en adelante CMMO), que se tramitó en autos caratulados “DORADO, Javier vs. Colegio de Maestros Mayores de Obras s/ Recurso de Amparo”, expediente 6.541/18.

Ante la irregular convocatoria a elecciones internas, nuestro cliente -un matriculado al CMMO- dedujo recurso de amparo señalando que la delegación en cuerpos gremiales de funciones público-estatales conlleva la inexcusable condición de que los entes delegados respeten los cánones de la democracia constitucional y republicana.

El recurrente en amparo alegó los siguientes hechos y consideraciones:

  • Las autoridades del Colegio le negaron el acceso a información colegial relevante.
  • La convocatoria a la Asamblea Ordinaria para una fecha posterior a las elecciones quiebra la lógica democrática que indica que el comicio ha de celebrarse luego de que los representantes que caducan hayan rendido cuentas de su gestión ante la Asamblea.
  • El padrón provisorio omitió consignar el domicilio de los matriculados. Tampoco indicó la situación de cada uno de ellos en relación con el pago de las cuotas colegiales. Ambas omisiones dificultan las tareas proselitistas y rompen el principio de paridad de armas, en tanto la lista oficial si disponía de la información que negaba a la oposición.
  • La aprobación del padrón definitivo el mismo día en que venció el plazo de presentación de candidaturas, condenó a la lista opositora a ser rechazada por el Tribunal Electoral dado que -involuntaria e inevitablemente- incluyó candidatos en mora en el pago de cuotas de matrícula (artículo 27 del Régimen Electoral).
  • Las normas que rigen la vida interna del CMMO no garantizan el principio de democracia interna, en tanto y en cuanto: 1) No prevén la presencia de las minorías en el Consejo Directivo ni en la Comisión Fiscalizadora; 2) Imponen el rechazo automático de listas de candidatos que incluyan a matriculados que adeuden cuotas de matrícula (artículo 27 del Régimen Electoral); 3) Impiden a los matriculados regularizar el pago de sus cuotas hasta tres días antes del acto electoral, priorizando el citado artículo 27 por sobre la más sana regla del artículo 17 del mismo Régimen Electoral.

4.- Una Ley con lagunas garantistas y técnicamente deficiente

Es oportuno resaltar aquí la precariedad regulatoria de la Ley provincial número 7.754/2012 que, necesariamente, ha de ser corregida por los jueces, responsables últimos de garantizar la supremacía de la Constitución también en el ámbito de las relaciones que los ciudadanos matriculados mantienen con los Colegios Profesionales.

Si bien la Ley provincial 7.754/2012 acierta al crear el Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos Relacionados con la Construcción en la Provincia de Salta -dotándole de autonomía y jerarquizando la profesión-, presenta peligrosas lagunas y debilidades regulatorias que amenazan o desconocen derechos fundamentales y dañan el funcionamiento democrático de la institución.

Así sucede, por ejemplo, cuando la Ley 7.754/2012 omite señalar un ámbito estatal de control y de superintendencia, abandonando el sensato camino marcado para otros colegios profesionales salteños (es el caso del Colegio de Abogados) y transitado por otras provincias (como la de Córdoba, cuya Constitución remarca la obligación de los colegios de respetar la democracia y el pluralismo, y preserva de manera explícita los poderes de control que retiene el Estado provincial).

5.- Control de juridicidad

El Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos Relacionados con la Construcción en la Provincia de Salta, como los demás colegios profesionales provinciales, es una persona jurídica pública que agrupa a quienes ejercen la profesión en el ámbito de la provincia y a la cual “el Estado ha delegado importantes funciones como el control de la matrícula y el cumplimiento de las normas éticas de la actividad

Por lo tanto, el Colegio está sujeto -antes incluso que a la propia Ley de su creación-, al bloque constitucional federal y cosmopolita, y al ordenamiento del derecho público provincial. Sus actos (especialmente los orientados a constituir sus órganos de gobierno y de control, y a organizar su vida interna y su gestión), han de resultar compatibles con ambos ordenes jurídicos y están sujetos al control de juridicidad que, en última instancia, corresponde a los jueces de la provincia.

6.- Normas en las que se funda la acción de amparo

6.1 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en sus artículos 20 (derecho a participar en elecciones genuinas y libres) y 24 (derecho a peticionar y a obtener pronta resolución).

6.2 Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21 (representantes libremente elegidos en elecciones auténticas).

6.3 Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 23 (derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o a través de representantes libremente elegidos en elecciones auténticas).

6.4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25 (derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones auténticas).

6.5 Artículos 1º, 33, 75 inciso 22, de la Constitución Nacional.

6.6 Artículos 1°, 16, 61, 86, 87 de la Constitución Provincial.

7.- Acuerdo que puso fin al litigio

En la audiencia convocada por la Juez del amparo (la doctora Silvia Longarte titular del juzgado en lo Contencioso-administrativo número 1), las partes -con la intervención conciliadora de la Juez- llegaron a un acuerdo en virtud del cual la Junta Electoral del CMMO se obliga a oficializar la lista del amparado luego de que los candidatos se hayan puesto al día en el pago de las cuotas colegiales. Asimismo, el Consejo Directivo se obliga a entregar al recurrente la información societaria que venía solicitando y a darle acceso a los libros contables de la institución.   

El acuerdo fue homologado por la autoridad judicial.

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