LA INDUSTRIA AZUCARERA SALTEÑA EN CRISIS

La producción de azúcar tiene, desde hace muchísimos años, una importancia central en la economía salteña. Tanto en términos de producto bruto geográfico, como en términos de empleo: poco más del 10% de los trabajadores privados registrados en nuestra provincia se desempeñan en el sector.

Es por esta magnitud que llama la atención la negligencia e impericia con que actuó el Estado provincial, incapaz de reaccionar cuando, hace un par de años atrás, asomaban los indicios de la crisis Este comportamiento estatal vino a sumarse a la actitud poco responsable de las empresas y sindicatos del sector.

En las contadas ocasiones en las que el Gobierno salteño pareció salir del letargo, lo hizo para acompañar al maximalismo de los sindicatos muchas veces tributarios de ideologías que rechazan tanto la Constitución como los principios de la economía de mercado.

Fue así como en las dos o tres últimas rondas negociadoras, el ministerio de Trabajo local (con el acompañamiento de la legislatura), optó por la vía fácil: presionar a las empresas para que cedieran a las demandas sindicales, sin detenerse a evaluarlas desde la óptica de los intereses generales y de la responsabilidad, con el propósito de “patear” para adelante la pelota de la crisis.

La reciente reforma tributaria -que incrementó los impuestos al trabajo y potenció el regresivo “impuesto a las actividades económicas”-, los cambios tarifarios en energía y combustibles, y la espiral de costos logísticos se acumularon en el peor momento. Vale decir, cuando las condiciones de los mercados internacionales y nacional del azúcar y del bioetanol mutaron descolocando a las empresas salteñas que de tal suerte mostraron una escasa capacidad para prever el futuro inmediato de su sector.

José Armando Caro Figueroa Ex ministro de Trabajo de la Nación acf@estudiocarofigueroa.com

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Así las cosas, las posiciones de los actores de esta crisis pueden resumirse del siguiente modo: El Gobierno de la provincia intenta tapar con gestos espectaculares y retórica su falta de ideas y su irresponsable pasado. Las empresas pretenden aprovechar la crisis para huir del sector en las mejores condiciones posibles (es el caso del Ingenio San Isidro), o para reducir la plantilla y, de paso, ajustar ciertas cuentas con el izquierdismo sindical (es lo que, a mi modo de ver, sucede en el Ingenio Tabacal).

Del lado de los sindicatos se aprecia la reiterada intención de doblar la apuesta, radicalizando el discurso y entusiasmando a los trabajadores con presuntas salidas de la crisis que notoriamente no guardan apego con la realidad de nuestra economía regional ni con la economía del azúcar.

Donde las tres partes parecen estar de acuerdo, es en la negativa a abrir negociaciones constructivas que exploren medidas para superar la crisis con el menor costo posible en términos de empleo.

Estamos, entonces, ante un escenario que presenta caracteres de creciente dramatismo, y que se completa con las lagunas e insuficiencias del sistema argentino de relaciones laborales y de su raquítico subsistema provincial.

La inadecuación del marco jurídico laboral.
Cuando empresas y trabajadores se enfrentan a casos como éste, advierten pronto que las reglas vigentes no contemplan cauces idóneos para abordar las dificultades y diseñar medidas para superarlas.

El “procedimiento preventivo de crisis” (Ley 24.013/91) es poco más que una instancia formal en la cual, ante la eventual inexistencia de acuerdo entre la empresa y sus trabajadores, procede el archivo del expediente1. Como muestra el caso del ingenio San Isidro, este procedimiento no tiene

1 La regla argentina se aparta de su modelo: En España las autoridades pueden aprobar medidas para superar la crisis.

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nada de preventivo, y la empresa lo instó para cumplir con las formas sin que se advierta una posición favorable a negociar la superación de la crisis desistiendo del cierre total y definitivo del centro de Campo Santo.

Tampoco el “convenio de empresas en crisis” (Ley 14.250/1953, Texto Ordenado por Decreto 1.135/04) provee -al menos en principio- una vía idónea para afrontar casos como estos, en tanto y en cuanto nuestros dos productores azucareros cuentan con convenios colectivos de ámbito empresarial.

La incapacidad para negociar salarios en un contexto de alta inflación.
A juzgar por su comportamiento en las mesas donde se debatió la actualización de los salarios para los años inmediatamente anteriores, los sindicatos dieron por supuesto que la economía del sector y los beneficios de las compañías los habilitaban a exigir importantes incrementos reales de salarios.

Contamos hoy con indicadores que permiten suponer que los sindicatos azucareros apreciaron mal la situación o que no fueron suficientemente informados por la empresa. Es sabido que los sindicatos en la Argentina carecen del derecho a acceder a la información contable de las compañías y que estas son reacias a cualquier modalidad de participación que no sea hablar de la inflación pasada o futura.

Podría quizá admitirse que los sindicatos desplieguen estrategias maximalistas. Pero las relaciones colectivas de trabajo se equilibran cuando las patronales defienden su derecho a ganar dinero y a preservar el capital accionario. Lo curioso del caso es que la empresa propietaria del Ingenio San Isidro renunció a este comportamiento responsable y firmó a sabiendas incrementos salariales inconsistentes con su negocio y con sus finanzas2.

Los dos argumentos que los propietarios del San Isidro invocan para explicarse en el procedimiento preventivo de crisis suenan a pretexto. El primero esgrime una vinculación “de hecho” entre los

2 Según datos de la empresa, en agosto de 2017, se pactó un incremento cercano al 60% en dos tramos.

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acuerdos salariales firmados por la industria tucumana y su CCT-E 12/88. El segundo apunta al poder irresistible del Sindicato, proclive a llevar adelante huelgas de larga duración que arrojan una perdida de 50.000 dólares diarios.

Puede que una parte de razón asista a la empresa, en tanto la ultraactividad de los viejos CCT, las reglas de la huelga, la fusión entre acción sindical y obras sociales, la ausencia de una autoridad administrativa del trabajo idónea para encauzar conflictos, refuerzan el poder negociador del sindicato con personería gremial. Pero, a mi entender, estas razones no relevan a la empresa de su responsabilidad frente a la crisis que ahora ha estallado.

El papel que cabe esperar del Estado.
Es muy probable que algunas consecuencias de la crisis sean ya irreversibles. Pero bien haría el Gobierno de la Provincia en mutar de la perplejidad a la actividad constructiva. Por ejemplo, exigiendo al Gobierno nacional a que adelante el cronograma de rebajas de las contribuciones patronales (Ley 27.430/17, artículo 173, c). O instando la apertura de un “proceso de reestructuración productiva” (artículo 95 de la Ley 24.013/91), para obligar a las partes a encontrar acuerdos que salven a nuestra industria azucarera y al empleo genuino que genera.

Es en esta instancia en donde cada una de las partes habrá de explicar qué pide, qué ofrece y qué propone para coadyuvar a la continuidad de las empresas y de los empleos. Como he señalado en otras oportunidades en El Tribuno, los casos de SANCOR, de la industria electrónica fueguina, entre otros, marcan un rumbo que los actores salteños parecen ignorar.

Salta, 21 de febrero de 2018

5 comentarios de “LA INDUSTRIA AZUCARERA SALTEÑA EN CRISIS”

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