LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN SALTA

José Armando Caro Figueroa

Abogado

En un entorno caracterizado por elevados porcentajes de trabajadores no registrados, bajos salarios, alta carga impositiva, malas condiciones de trabajo y severos problemas de productividad, en Salta parece no haber tiempo para reflexionar sobre la salud de los trabajadores ni para actuar procurando mejorarla. Es, por lo pronto, una de las conclusiones que saco de mi reciente intervención profesional en defensa de trabajadores de la industria química.

Pienso que las autoridades provinciales son responsables de la despreocupación homérica que nos priva de un adecuado servicio de inspección, de las imprescindibles estadísticas y de contar con un equipo de profesionales en condiciones de asesorar y apoyar a trabajadores, sindicatos y empresas.

En este terreno puede afirmarse que la Secretaría de trabajo -y por extensión todos los actores del sistema provincial de relaciones de trabajo- desconoce casi todo lo que sucede en materia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, medidas de prevención y de intervención en el ámbito global y dentro de cada una de las empresas localizadas en nuestro territorio.

El reparto de competencias entre la Nación (o sea entre su Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo) y las Provincias permite que Salta funcione como una especie de “zona franca” en donde nadie vigila las condiciones de salud laboral y en donde los entes teóricamente encargados de esta vital tarea no disponen de los saberes, de los instrumentos ni de la voluntad política requeridos para actuar en consonancia con las normas internacionales y nacionales que rigen en la materia.

Cuatro hechos concretos sirven para graficar aquella despreocupación homérica: a) En el área de la Secretaría de Trabajo impera una extravagante directiva no escrita que manda no realizar inspecciones en los lugares de trabajo, bajo el argumento de que los trabajadores y sus sindicatos buscan “monetizar” los riesgos; b) Mientras que diez provincias (Tierra del Fuego, Entre Ríos, Corrientes, Jujuy entre otras) han cerrado acuerdos de cooperación con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Salta permanece incomunicada (por decirlo de alguna manera) con el organismo rector del Sistema de Riesgos del Trabajo; c) La provincia lleva casi un año de atraso en adherir a la Ley 27.348/17 que modificó este Sistema y en definir las competencias judiciales en relación con la actuación de las Comisiones Médicas; d) Las autoridades locales se encuentran al margen de las innovaciones que están produciéndose en el ámbito de la salud laboral (por ejemplo, la reciente ISO 45001:2018 «Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con guía para su uso«, o los debates sobre el proyecto de nueva Ley de Prevención Laboral que prepara el Gobierno Macri).

Cabe añadir que nuestro poder judicial tampoco cuenta con la vocación ni con los apoyos técnicos necesarios para permitir intervenciones orientadas a investigar, prevenir y sancionar conductas culposas o negligentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Para colmo de males, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo que actúan en Salta parecen alineadas con aquella actitud que caracteriza a la administración provincial y que se traduce en prescindencias ilegales e inaceptable tolerancia con las infracciones que existen en el ámbito de la salud laboral. Es lo que sucede, al menos, con la mayoría de las ART que se desempeñan en áreas críticas. Por lo general, las ART están mas preocupadas en conseguir clientes actuando sobre las tarifas que en definir planes de mejoramiento o educar a empleadores y trabajadores en materia de prevención. Es probable que sentencias como la dictada por la CSJN en el caso TORRILLO impulsen cambios en estos comportamientos de las ART.      

Los precarios datos estadísticos que existen en Salta e incluso los más elaborados que muestra la Superintendencia de Riesgos de Trabajo dificultan la presentación de un panorama global y sectorial, tanto como la construcción de planes orientados a mejorar las tendencialmente malas condiciones de salubridad e higiene laboral de los escasos 120.000 trabajadores registrados que hay en la actividad privada en Salta; cuanto más de los cerca de 200.000 dependientes que trabajan en negro.

Las comisiones internas

Me atrevo a sostener que hoy, como sucediera en 1944, en Salta no se trata de inventar nuevas leyes o decretos ni de declamar buenas intenciones, sino de hacer cumplir la normativa vigente, incluida aquella que tiene fuente internacional.

Y es en este orden de ideas que las comisiones internas (autónomamente o en sintonía con las estructuras sindicales externas) están llamadas a cumplir un papel central en el mejoramiento efectivo de las condiciones de trabajo y, de manera especial, de aquellas que se vinculan con la salud de los trabajadores.

Son estos representantes -dado su contacto directo con los trabajadores, el sindicato y la empresa- los mejor posicionados para conocer la realidad de cada centro productivo, la pertinencia o insuficiencia de las medidas de prevención, la aptitud de los equipamientos y planes para sanear el ambiente, la eficacia de los medios de protección personal, la adecuación de las acciones de capacitación.

Naturalmente, para que este potencial de actuación constructiva se desarrolle resulta imprescindible que las empresas brinden, como están obligadas, toda la información conducente al diagnóstico de la situación y que de sustento a intervenciones fundadas y operativas.

Muchas empresas salteñas, en vez de repetir mecánicamente quejas contra algo que no existe en nuestra provincia (la industria del juicio laboral), deberían transitar este camino de cooperación con las comisiones internas para preservar la salud de sus obreros y empleados, y -de paso- cuidar su propia salud económica aislándola de situaciones que conducen a condenas y multas que en muchas ocasiones pueden acarrear su ruina, e incluso la eventual sanción a sus directivos por aplicación de las normas y principios del Compliance.   

Salta, 26 de marzo de 2018.